Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO | 24 abril 2025.

CCOO vuelve a reclamar el incremento de las partidas de acción social en el ámbito no transferido

  • El Ministerio de Justicia mantiene congelada la partida de Acción Social en el ámbito no transferido después de 12 años, y sin perspectiva de recuperar los más de 2 millones de euros que se recortaron en 2011

En la reunión celebrada ayer para negociar la Acción Social del personal funcionario y laboral de la Administración Justicia para el año 2025, el Ministerio ha vuelto a demostrar, un año más, que no se cree este programa de ayudas al personal para mejorar su bienestar social en varias áreas (discapacidad, hijos, transportes, etc.), y que poco a poco lo está dejando morir a base de inanición económica. Los escasos 719,610€ presupuestados para cubrir a todo el personal de su ámbito, se traducen en un reparto “forzado” y en prestaciones irrisorias

28/03/2025.
ACCION SOCIAL

ACCION SOCIAL

En el acuerdo de Función Pública firmado en octubre de 2022, se acordó la recuperación de los recortes de 2012, cuestión que no se ha plasmado en el presupuesto de Acción Social para el personal de la Administración de Justicia, a pesar de que otros Ministerios como el de Defensa sí ha ido aumentado el presupuesto destinado a este concepto

Recordemos que en el año 2011, el presupuesto destinado a Acción Social para el personal Laboral y Funcionario de la Administración de Justicia del Ámbito No Transferido, ascendía a 2.860.062 €. En el año 2012 comenzó a reducirse muy significativamente hasta dejarlo en 1.590.990 €, manteniendo todas las ayudas, pero con reducción de su cuantía a un 55,63% del porcentaje sobre 2011. Asimismo, desde el año 2013, en el que desapareció la Ayuda por Estudios y Sanitaria, la disminución de la cuantía de las ayudas fue radical, y durante más de una década el presupuesto ha seguido congelado en 719.610 €, es decir, en un 25,16% del porcentaje total sobre 2011

En todos estos años, el presupuesto del Ministerio de Justicia ha crecido aproximadamente un 25%, se han recibido importantes partidas de fondos europeos, el crecimiento del PIB ha sido de un 18,8% y además, de contrario, el IPC se ha incrementado en un 31,2%. A esto último, súmese recortes y congelaciones salariales, que no han sido compensadas ni de lejos con los incrementos retributivos producidos

Viendo esta evolución del presupuesto y del tipo de ayudas de la Acción Social desde el año 2011 hasta hoy, y el contexto de los datos económicos generales, se extraen varias conclusiones. Que el Ministerio de Justicia se ha quedado sin excusas para no recuperar e incrementar las partidas para ayudas, y que el programa es cada vez de menos “acción” y menos “social”. Que así es imposible avanzar en otras ayudas que serían muy beneficiosas y suponen necesidades objetivas actuales y que proporcionarían un “mayor grado de bienestar” al personal de justicia, como sería el caso de ayudas para caminar hacia la igualdad (claro que tampoco tenemos Plan de Igualdad), ayudas de natalidad y cuidado infantil, ayudas para tratamientos de salud mental, apoyo para trabajadores/as que tienen personas mayores a su cargo, estudios de funcionarios/as y sus hijos/as, o para situaciones de necesidad grave o urgente como gastos extraordinarios generados por la violencia de género

En resumen, para CCOO la negociación de la Acción Social durante más de una década ha quedado constreñida totalmente por un presupuesto cerrado y por unas bases prácticamente inmodificables. En la reunión de la Mesa de Acción Social 2024, celebrada en el Ministerio de Justicia el 4 de abril, se acordó la subida de los límites de renta en un 10 %, dado que dichos límites de renta estaban desfasados con el coste actual de la vida y muchos compañeros/as estaban siendo excluidos de participar en la Acción Social. Éste es quizás el único cambio significativo en los últimos años, y es inaplazable salir de este estancamiento

BALANCE DEL MINISTERIO DE LA ACCIÓN SOCIAL 2024 Y MANTENIMIENTO DE CRITERIOS PARA 2025

Previo a soportar el aluvión de críticas que hemos vertido por la parte sindical al inmovilismo e indolencia del Ministerio, y en particular por parte de CCOO con los argumentos antes expuestos, sus representantes realizaron un breve pero optimista balance de los resultados de la Acción Social del año 2024 sin entrar a valorar el marco general

Bien es cierto, que los datos de la gestión de la Acción Social han mejorado, en una parte muy importante por la subida del límite de renta que propusimos por parte de los sindicatos. Así, se ha incrementado el número total de ayudas: 512 beneficiarios más (110 más ayudas por hijos, 44 más por discapacidad y 358 más por transporte). Asimismo, se ha otorgado la ayuda por hijos y las ayudas por discapacidad a todos/as los/as solicitantes que cumplían los requisitos de renta

Respecto al 2025, todo igual. Mismo presupuesto, mismas bases, mismas cuantías de las ayudas (50 € por solicitante en transportes, 150€ por un hijo y 200€ por dos o más, y de 150€ a 350€ según el grado de discapacidad). La convocatoria será en abril, sin concretar una fecha

En estas condiciones, un año más CCOO volverá a negarse a firmar este Plan de Acción Social porque, aunque el Ministerio no lo quiera ver, es inaplazable salir de este estancamiento si queremos apostar por una Acción Social digna de ese nombre. El Ministerio se retrata a sí mismo en cuanto a la consideración que tiene hacia el personal funcionario y laboral de justicia, y en cuanto a la voluntad de cumplir los acuerdos a los que se llega a nivel de toda la función pública

CCOO HEMOS PROPUESTO (entre paréntesis la respuesta del ministerio):

1) La ampliación del presupuesto de Acción Social hasta alcanzar el 1% de la masa salarial en un máximo de 5 años, comenzando por la recuperación del presupuesto del año 2011 con el IPC actualizado (2.860.062€+IPC) y aumentando progresivamente el mismo, en los siguientes años, hasta alcanzar el 1% de la masa salarial. Exigir al Ministerio una propuesta económica de tramos. (lo elevarán a la instancia correspondiente del ministerio)

2) Nueva revisión del límite de renta al alza, en función del incremento del IPC en 2024 y de los incrementos retributivos en el complemento específico. (no aceptado)

3) Recuperación de todas las ayudas, incluyendo las ayudas eliminadas en el año 2013 por Estudios y Sanitaria, recuperando además la cuantía que hasta el año 2011 se destinaba a cada ayuda. (lo elevarán)

4) Las ayudas, excepto las de discapacidad, deben incluir el importe máximo y el importe mínimo de la misma, de forma que las ayudas no puedan tener menor importe que la cuantía mínima determinada, que en ningún caso debe ser inferior a las cuantías actuales, que deben ir aumentándose progresivamente hasta alcanzar el importe de las ayudas de la Acción Social de 2011, aplicándose la mayor puntuación en el baremo, en el caso de que el número de solicitudes supere el presupuesto asignado (no aceptado)

5) Quitar el importe máximo (350€) y el número máximo de ayudas posibles por discapacidad (3), y reducir a dos los tramos del grado de discapacidad (1º De 33% a 50% - 150€ y 2º De 51% a 100% - 350€). Además, quitar el límite de 2 ayudas por solicitante en el caso de aquellas personas a las que se conceda alguna ayuda por discapacidad del segundo tramo (51%-100%)

Se trata de contribuir a la progresividad de las ayudas en base a la atención prioritaria de personas con más necesidades objetivas, menos ingresos y más cargas familiares, incrementando significativamente su dotación. (no aceptado)

6) Quitar el requisito del certificado de convivencia para solteros/as (familias monoparentales), ya que es discriminatorio respecto a los matrimonios, a los que sólo se les pide acreditar el parentesco (libro de familia). (no aceptado)

7) Resolución definitiva donde se aclare la causa concreta de denegación, tal y como se hace en la resolución provisional, a los efectos de formular los recursos o demandas correspondientes para impugnar la misma. (estudiarán si es posible informáticamente pues sólo hay una persona encargada de toda la gestión)

Por último, por la parte sindical se ha propuesto unificar todo el programa de Acción Social en uno, dado que ahora se diferencia entre personal funcionario de la administración de justicia y personal laboral, Fiscalía General del Estado y Ministerio Fiscal. El Ministerio se ha comprometido a estudiar esa posibilidad o, como mínimo, a intentar unificar la parte de FGE y el Ministerio Fiscal 

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